un escándalo que desató explicaciones disparadas en el oficialismo y la oposición

La diputada Silvia Lospennato (PRO), estaba convencida. Habría quórum para tratar la Ley de Ficha Limpia en la sesión de Diputados con fecha de jueves 28 de noviembre pasado. Sus cálculos estaban hechos en base a pruebas concretas de los legisladores que le habían dado su palabra de que estarían presentes en la sesión para luego votar a favor de su proyecto.

Ese listado, fallido, erróneo por promesas incumplidas, o por creencias inocentes, se reproduce de modo textual: “LLA 38, PRO 35, UCR 20, Democracia 12, Encuentro 10, Coalición Cívica 6, MID 3, Producción 2, Tucumán 1, Neuquén 1, Mendoza 1, Río Negro 1 y Santa Fe 1”.

La suma total daba 131 diputados. El quórum se alcanza con 129.

La sigla LLA es la del bloque de La Libertad Avanza: 38 diputados habían dado su palabra de que no solo darían quórum si no que también votarían en favor de ficha limpia. Faltaron 8. Una sola estaba justificada: Marcela Pagano cursa las últimas semanas de un embarazo.

El oficialismo intentó ocultar que esas ausencias se habían producido, en general, por orden de la superioridad política.

Algunos legisladores se excusaron con varios argumentos penosos: uno de ellos se lamentó contando que sufrió un ataque de colitis por comer fiambres en mal estado, otra mostró en un brazo una gasa, prueba de que le habían sacado sangre tras sentirse mal.

Del PRO, los ausentes fueron tres, uno solo con aviso previo.

También hubo faltas de otros bloques, como el de Encuentro Federal, o de la UCR, todos legisladores que habían prometido en contrario. Varios diputados libertarios habían avalado con su propia firma el dictamen del proyecto de Ficha Limpia.

Las coartadas de legisladores oficialistas fueron vanas.

Hubo orden de la Casa Rosada de hacer fracasar la sesión.

El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había sincerado la posición libertaria el domingo pasado en una entrevista con LN+: “A mi me parece bien ficha limpia. Lo que creo es que no es bueno que se sancione una ley para proscribir a Cristina Kirchner“.

Caída la aprobación de Ficha Limpia, se desató el escándalo en el debate en minoría en el recinto. Las denuncias cruzadas. La acusación de pacto entre LLA y los Kirchner.

Y se desató también el disparate discursivo que fue transversal a casi todos los partidos políticos, y a sus defensores mediáticos e influencers de las redes.

Paradoja: la coherencia se encontró en el bloque del PJ-K, cuyos miembros nunca ocultaron que están en contra de impedir que condenados en doble instancia por cometer delitos por corrupción puedan ser candidatos en elecciones generales. Nunca dijeron lo contrario, defendieron la impunidad y actuaron en consecuencia.

La coherencia fue también aportada por los diputados que desde hace ocho años impulsan Ficha Limpia, por ahora sin suerte o sin apoyo. Lospennato, como buena parte del PRO, la totalidad de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, y radicales.

Los enredos retóricos escalaron, sobre todo entre oficialistas.

Al anochecer del jueves del escándalo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el propio presidente Javier Milei se había comunicado con Lospennato para hacerle saber que la apoyaría en una nueva discusión sobre Ficha Limpia, pero con cambios, debido a que el proyecto no votado podría generar enorme riesgo en provincias gobernadas con feudos en las que la Justicia, cooptada por la mala política, podría perseguir a dirigentes opositores para lograr su “proscripción” electoral.

Primer argumento dramático: ¿la Casa Rosada considera que en la Argentina hay provincias gobernadas por dirigentes capaces de impulsar condenas por corrupción contra su oposición para perpetuarse en el poder?

Si esto fuera cierto, entonces la Presidencia de la Nación tendría pruebas de que en la República Argentina existen los presos políticos, o el intento de encarcelar a dirigentes por su condición de ejercer la política, un hecho de gravedad institucional insoslayable de no ser denunciado en público y en los tribunales.

Cambalache: esos gobernadores feudales inescrupulosos y antidemocráticos no necesitarían de Ficha Limpia para vencer con cárcel a su oposición. De acuerdo al Código Penal, quien comete delitos de corrupción, además de pena de cárcel, queda inhabilitado de por vida para ejercer la función pública.

Más paradoja todavía: esos gobernadores o dirigentes que podrían hacer condenar a opositores, sin Ley de Ficha Limpia, podrían aprovechar ese vacío legal para postularse en elecciones seguras para cargos en Diputados o el Senado, con fueros, aun siendo condenados en doble instancia por cometer delitos aberrantes desde sus cargos públicos.

La lógica de ese argumento podría resumirse así: no hay que darle Ficha Limpia a quienes podrían ser perjudicados por esa Ley.

O, en contrario: hay que evitar que salga Ficha Limpia porque habría riesgo para quienes podrían beneficiarse si esa legislación no existiese.

Respecto al peligroso argumento de que la Justicia en las provincias solo actúa como títere del poder local, vale la aclaración esencial de que las causas de corrupción solo son investigadas por el fuero federal. No por el provincial. La Justicia federal investiga los delitos cometidos con fondos nacional. Y las leyes están hechas no para el oficialismo o la oposición, sino para el que delinque.

Aun así, es un hecho, pero generalizando y siendo muy injusto con las excepciones que son muchas, que el Poder Judicial es lento, ineficaz y hasta cómplice cuando debe investigar a delincuentes políticos.

Las persecuciones a opositores existen, en provinciales feudales y no feudales, y sobre todo en municipios de diversos distritos, son denunciados de modo casi diario, con espesor variable, y sin actuación judicial en buena parte de los casos. También suelen ser víctimas de los jefes feudales ciudadanos de a pie que tienen la valentía de resistir el autoritarismo local.

Los argumentos para defender posiciones contrarias a la aprobación de Ficha Limpia, o para relativizar la importancia de esa Ley, se multiplicaron desde el jueves, en sincronía con la contradicción de quienes juraron y perjuraron apoyar un proyecto que luego esquivaron.

La posición que afirma que, de salir la ley se estaría frente a una posible proscripción de una candidatura de Cristina Kirchner, es totalmente llamativa escuchada de boca de funcionarios o legisladores libertarios.

El proyecto de Ficha Limpia se presentó en el Congreso en el 2016. Kirchner fue recién procesada en la causa Vialidad el 27 de diciembre de ese mismo año y recién el 2 de marzo del 2018 la causa fue elevada a juicio oral. Cristina fue condenada por el tribunal de esa instancia el 6 de diciembre del 2022.

El presidente Milei prometió en marzo pasado que apoyaría su aprobación. Kirchner no estaba aun condenada, en doble instancia, por la Cámara de Casación Penal Federal.

Además, de aprobarse Ficha Limpia en Diputados, faltaría aun la sanción del Senado para que sea Ley, y luego que se reglamente si la potencial legislación no es vetada por el Ejecutivo.

En la Cámara alta, el peronismo contrario a este proyecto es mayoría total.

Kirchner podría ser candidata a diputada por Buenos Aires. Por los tiempos legislativos, y porque leyes no son retroactivas.

También, incluso, tiene poco sustento la hipótesis que asegura que al oficialismo le conviene que Kirchner se postule en los comicios del año próximo porque polarizaría con ella y la vencería en las urnas.

En caso de que todo eso pasare, Cristina igualmente conseguiría sus fueros. Ocurre que si ella es cabeza de la lista de diputados nacionales por Buenos Aires, aun perdiendo ingresaría a la Cámara baja.

La confusión pareció ahondarse cuando el viernes por la mañana, ya de modo oficial, se conoció que la Casa Rosada enviaría un nuevo proyecto propio al Congreso sobre Ficha Limpia para evitar que la Ley tenga todas las características de ser implementada solo para proscribir a Cristina Kirchner.

Lo que era tabú decir el jueves ya no lo era el viernes.

¿Por qué no se sinceraron antes del escándalo?

El sistema político sostuvo el jueves el doble estandard que existe en nuestro país sobre procesados por delitos de corrupción: quien tenga un procesamiento en una causa de ese tipo de crímenes, está impedido de ser nombrado como empleado de la Administración Pública Nacional (PAN). Lo dice la Ley.

Sin ficha limpia, quien tiene condena ratificada en dos instancias por ser autor de delitos contra administración pública, puede ser candidato a un cargos legislativo hasta que se pronuncia la Corte Suprema, la última posibilidad recursiva.

Las singularidades en todo este escándalo y su debate disparatado generó otra novedad total: es el oficialismo libertario quien da por hecho y seguro que Cristina Kirchner será candidata en las elecciones legislativas del año próximo.

Ni siquiera ella, o su entorno, o voceros del PJ que lidera la ex vice confirmaron esa candidatura alrededor de la cual giró el jueves el Congreso y la Casa Rosada.

El viernes, el PRO emitió un comunicado muy critico del oficialismo. Y LLA replicó de modo también muy duro. Casi hay ruptura entre el PRO y la Casa Rosada. ¿Quién festeja? Los Kirchner.