Un exasesor de Milei, apuntado por la justicia brasileña en la denuncia que acusa a Jair Bolsonaro de golpista

SAN PABLO.- La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 colaboradores por sus distintos papeles en un presunto intento de golpe de Estado después de que perdiera las elecciones en 2022. Entre esa lista de imputados se encuentra el ex ministro de Defensa del derechista y el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Según la policía federal, se identificó una “organización criminal que actuó de manera coordinada, en 2022, en un intento de mantener en el poder al entonces Presidente de la República”.

“Las pruebas se obtuvieron a través de diversas investigaciones policiales realizadas a lo largo de casi dos años, basadas en incumplimientos del secreto telemático, telefónico, bancario, fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial”, dijo la policía.

La policía destaca las actividades de seis núcleos: el Centro de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral; la Unidad Responsable de Incitar a Personal Militar a Sumarse al Golpe de Estado; el Centro Jurídico; el Centro Operativo de Apoyo a Acciones Golpistas; el Centro de Inteligencia Paralelo y el Centro Operativo para el Cumplimiento de Medidas Coercitivas.

El empresario argentino, cercano al clan Bolsonaro, fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien ahora Cerimodo acusa de una embestida personal.

Cerimedo se desempeñó como asesor político del presidente argentino Javier Milei y previamente se había referido a su citación de la Justicia brasileña como una “persecución política e ideológica”.

“Es una embestida personal que ni siquiera tiene que ver Lula [da Silva], quien ni debe estar enterado de lo que está pasando. Esto es [el juez del STF] Alexandre de Moraes, que estuvo enfrentadísimo con [Jair] Bolsonaro desde hace muchos años”, consideró Cerimedo en febrero pasado en diálogo con Radio con Vos.

“No hablamos de fraude [en las elecciones brasileñas], hablamos de anomalías”, dijo, y siguió: “Lo hicimos con documentación del propio Tribunal Superior Electoral (TSE); se trazó un análisis de comparativa entre máquinas nuevas y viejas que se utilizaron en Brasil en la elección, donde en un centro de votación el resultado había sido completamente distinto según la máquina en la que la gente votaba”.

Cerimedo señaló que el TSE no habilitó “al Ejército a auditor el código fuente de las máquinas, ahí empezó el problema”. Las campañas en las redes comenzaron y también las movilizaciones a los cuarteles militares, aunque el experto en marketing aseguró que no pidió que la población se traslade al Congreso brasileño ni que cortaran rutas. “Hay muchos videos míos pidiendo que no corten rutas, que no vayan al Capitolio, aunque hubo muchos intentos justamente porque la idea era exigir que entreguen el código fuente”, dijo, y defendió al expresidente: “Bolsonaro nunca hizo declaraciones”.

En otra entrevista, que dio a Dnews, el consultor de Milei abundó: “No conozco tampoco a las personas que se mencionan, es un entramado que armó de Moraes después de las denuncias que hicimos con datos públicos. El año pasado el propio Tribunal Supremo Electoral archivó una causa en la que me habían denunciado por noticias falsas. Es muy difícil que demos noticias falsas con un dato público”.

La Policía Federal investigó reuniones durante el mandato de Jair Bolsonaro en las que se discutió un posible golpe de Estado. Este plan no se concretó por la oposición de los comandantes del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes, y de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, quienes implicaron a Bolsonaro en sus declaraciones como testigos.

Según el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, en dichas reuniones se analizaron medidas como la Ley de Garantía del Orden y decretos de Estado de Defensa y Sitio. Una reunión clave ocurrió el 7 de diciembre de 2022 en el Palacio da Alvorada, donde se presentó un borrador titulado “Las Fuerzas Armadas como potencia moderadora”.

Además de Bolsonaro, altos oficiales y asesores como Almir Garnier Santos, Filipe Martins y Walter Braga Neto fueron imputados. Los comandantes militares que rechazaron el plan enfrentaron ataques personales, presuntamente promovidos por el entorno de Bolsonaro.

La policía federal afirma tener pruebas de que Bolsonaro revisó y pidió cambios al borrador golpista, lo cual su defensa niega. Las conclusiones fueron enviadas al ministro Alexandre de Moraes, quien deberá decidir junto a la Fiscalía General si procede con cargos o toma nuevas medidas.

Agencias AFP y Reuters y diario O’GLOBO