El Ministerio de Economía avanzó con un paquete de derogaciones de 43 normas que habían sido implementadas durante el kirchnerismo y, bajo la rúbrica de “los desreguladores” -así es como les gusta ser nombrados a los miembros del equipo de la Secretaría de Comercio a cargo de Pablo Lavigne-, dejaron de estar vigentes. Además de la eliminación de controles de precios en la carne y los lácteos, los cambios impactarán en neumáticos y la eliminación de normativas viejas basadas en acuerdos de precios en farmacias, televisión paga y controles en farmacias y colegios privados.
Los carteles más rutilantes se los llevaron el fin del programa Precios Justos, que había sido implementado por la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. También derogó Super Cerca, otro plan de la gestión de Alberto Fernández con el que se buscó congelar precios de productos de la canasta básica. En la práctica, ambos estaban en desuso, pero el Gobierno, con su eliminación, profundizó el mensaje de su batalla cultural. “Se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, extremo que es de público y notorio conocimiento y que, adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”, firmó el ministro Luis Caputo en el Boletín Oficial.
Con el adiós definitivo a estos programas, el Gobierno también borró a estructuras a las que catalogó como obsoletas, como por ejemplo una unidad negociadora de precios creada en 2023 o la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE), originada en 2020.
En la Secretaría de Comercio destacaron el fin de las resoluciones que “regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena”, dictadas en 2006 y 2008, y la que incorporaba un registro de industrias elaboradoras de bienes finales lácteos “que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno”, dictada en 2007. Asimismo, resaltaron la simplificación en la homologación de los neumáticos.
¿De qué se tratan los cambios introducidos para la comercialización de las gomas para vehículos? Según explicó la Secretaría de Comercio, para obtener el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), que es un trámite necesario para el ingreso al mercado, “los neumáticos debían cumplir con requisitos extra aprobados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que eran redundantes”. En consecuencia, fuentes oficiales hablaban de sobrecostos.
En contraposición a la versión oficial, en el sector privado lucieron menos optimistas. De hecho, el gerente comercial de Neumen Performance Center, Hugo Raffo, dijo a LA NACION: “Esto no tiene nada que ver con precios. No sube ni baja los precios, ni tampoco incide en nada. Esto era una traba más para importar para los que ya estábamos adentro del rubro y era más complicado”.
Una situación similar se observa en la derogación de una resolución vinculada al mundo farmacéutico. Una norma de 2006 establecía que todas las farmacias del país debían exhibir en lugar visible listas y/o carteles en los que se consignan todos los productos que se encontraban alcanzados por una bonificación especial del 30%. El vicepresidente del Colegio oficial de farmacéuticos y bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF), Claudio Ucchino, afirmó que “esto es la derogación de un acuerdo de precios en desuso, lo que están haciendo es ordenar leyes que ya no están”.
A su vez, el comunicado oficial celebró el fin de “normas vinculadas a la intromisión del Estado en el proceso de información de las empresas e instituciones educativas”. ¿Qué significa esto? Previo a la derogación de dos resoluciones, una de 2009 y otra de 2010, los colegios privados estaban obligados a informar el valor de sus cuotas y sus costos laborales. “Generaba pérdida de tiempo y de recursos sin un objetivo concreto”, describió la cartera dirigida por Lavigne.
Otro servicio vinculado a pagos de miles de familias es el de televisión paga. En este caso, el Gobierno derogó una resolución que obligaba a las empresas a ajustar los precios de sus cuotas según determinadas fórmulas, así como a informar los montos que cobran.
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