Mario Firmenich apeló su llamado a indagatoria en la causa por el atentado contra el comedor de la Policía Federal
El ex líder de los Montoneros Mario Firmenich apeló a la Cámara Federal de Casación Penal su llamado a declaración indagatoria en la causa en que se investiga el sangriento atentado al comedor de la Policía Federal de julio de 1976 durante la dictadura que dejó 23 muertos y 100 heridos. Actualmente, Firmenich reside en España y eventualmente debería ser repatriado para la indagatoria.
La orden de llamar a declarar como imputado la tomó a mediados de diciembre pasado la Cámara Federal porteña integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
El recurso de la defensa de Firmenich y otros imputados, que insiste con sostener que se trata de una causa prescripta por el paso del tiempo, abre un debate político-judicial clave sobre este caso sobre la violación de los derechos humanos de parte de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entre otros grupos guerrilleros.
Sucede que una eventual confirmación de este fallo podría ser usado en otros casos de sangrientos ataques guerrilleros en democracia como, por ejemplo, el ataque del ERP al regimiento de Azul durante el gobierno de Perón (1974) y la toma montonera del Regimiento de Formosa durante la gestión de Isabel Perón (1975).
El fallo coincide con la posición del presidente Javier Milei y sobre todo su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a favor de la reapertura de estos juicios contra la guerrilla de los setenta.
El recurso cayó en la sala I de la Cámara de Casación que integran Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, que en las próximas semanas deberá llamar a audiencias para luego decidir si confirma o rechaza el fallo, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Slokar, ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, tiene una posición contraria a la reapertura de esta causa.
En cambio, Ricardo Sain Jean -representante de la querella de los familiares de los muertos en el atentado- sostuvo que tribunales internacionales establecieron que se deben investigar todas las violaciones a los derechos humanos sin importar la posición ideológica de sus autores. Saint Jean dijo que “el kirchnerismo impulsó en la Justicia no tiene que haber impunidad para los militares pero le dio toda la impunidad a los Montoneros”.
El atentado contra el comedor de la Superintendencia, en el Departamento Central, se produjo un 2 de julio de 1976.Sucede que el fallo de la Cámara Federal fue el primero que ordenó investigar, desde 1983, un atentado de la guerrilla como una grave violación a los derechos humanos porque el criterio hasta ahora era que no estaba el Estado detrás y por lo tanto no era un delito de lesa humanidad que no prescribe con el paso del tiempo.
Ese fue un cambio de la doctrina judicial que impulsó el kirchnerismo en estos años y puso la lupa de la Justicia solo sobre los militares que ejercieron la represión ilegal durante la dictadura. Los querellantes, como mínimo, quieren ejercer el derecho a la verdad para saber quiénes planificaron el atentado.
La Cámara Federal en el fallo de diciembre, que ahora se va a revisar, recordó que “la Corte Interamericana estableció que ningún mecanismo interno puede cercenar esta evolución y transformación en los derechos humanos”. “La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana es sinónimo de impunidad”, agregó.
A principios de febrero de este año, los abogados defensores Gustavo Eduardo Maradini Drago y María de las Mercedes Maradini Drago, en representación de Firmenich; Myriam Bregman y Liliana Noemí Mazea, a cargo de asistencia técnica de Patricia Cecilia Walsh; y la Defensora Oficial, Florencia Plazas por el resto de los imputados, se presentaron para pedir un recurso de casación.
La misma sala II de la cámara federal en una resolución a la que accedió Clarín sostuvo que los recursos de casación “reúnen las mínimas condiciones formales de admisibilidad, hallándose satisfechos los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, por lo que la vía intentada resulta admisible”.
En lo que respecta a la impugnabilidad objetiva, “la naturaleza de la decisión cuestionada es equiparable a definitiva, en razón de los perjuicios de imposible o tardía reparación ulterior que la postergación de su tratamiento podría conllevar, según así se encargan de exponerlo las partes”.
La cúpula de Montoneros en los años setenta. En cuanto al aspecto subjetivo de los recursos, la Cámara Federal porteña señaló que “las apelaciones han sido efectuadas por las personas que se hallan facultadas para hacerlo. Finalmente, en referencia a la fundamentación, se han plasmado concretamente los motivos en que se sostienen los agravios propuestos, citándose -en lo específico- los preceptos legales que se estiman afectados e indicándose la aplicación pretendida”.
Por estos requisitos cumplidos, el tribunal de alzada concedió los recursos de casación presentados en favor de los imputados en la resolución de fecha 19 de diciembre de 2024.
El fallo de la Cámara Federal de Diciembre también revocó los sobreseimientos del periodista K Horacio Verbitsky (ex subjefe de inteligencia de la columna de ese grupo guerrillero en la Capital Federal), y de Laura Sofovich, Miguel Lauletta y Lilia Pastoriza, con vistas a una eventual indagatoria.
El fallo revocó un fallo de la jueza María Servini, basado en un pedido del fiscal Guillermo Marijuan, y aceptó como querellantes a la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que representa a los familiares de las víctimas.
Esa fue la primera vez que se decidió investigar, desde 1983, un atentado de la guerrilla como una grave violación a los derechos humanos porque el criterio hasta era que no estaba el Estado detrás y por lo tanto no era un delito de lesa humanidad que no prescribe con el paso del tiempo.
Es un cambio de la doctrina que impulsó el kirchnerismo en estos años. Esa definición nueva de Casación “equivale a un delito de lesa humanidad, aunque técnicamente no sea lo mismo como ya se había hecho con la causa AMIA”, explicó una alta fuente judicial.
“Reparar los derechos de las primeras víctimas del atentado y, al mismo tiempo, proteger los de aquellas otras que hoy se presentan ante los tribunales de justicia -las olvidadas-, no corresponde mantener ocluidos los caminos investigativos. Por el contrario, se debe impulsar -con el vigor que corresponde- la presente acción, lo que se le encomienda expresamente a la magistrada de grado”, dijo el voto en mayoría que lleva la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo en un voto en minoría más duro, pero que coincide en el fondo con sus colegas, que “no se trata de diseñar una justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”.
En cambio, el año pasado, la defensora oficial Florencia Plazas sostuvo que este atentado “no puede ser considerado un crimen de lesa humanidad pues no contiene ninguno de sus elementos contextuales ni definitorios” y por lo tanto se debía archivar la causa.
Así la defensora coincidió con l fiscal federal Guillermo Marijuan quien había dictaminado a favor de no reabrir esta causa.
En su dictamen, la defensora recordó que el 28 de diciembre de 2006 la jueza federal interviniente dispuso, a solicitud del fiscal, el sobreseimiento de todos los imputados.
El del comedor de la Federal fue el ataque con bombas más sangriento de la historia argentina, luego de los atentados contra la embajada de Israel (29 muertos, en 1992) y la AMIA (85 muertos, en 994) que fue declarado como “una grave violación a los derechos humanos”.
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