El Gobierno avanzará en la regularización de uno de los pasivos más persistentes de la crisis de 2001. El presidente Javier Milei prevé enviar al Congreso un proyecto de ley que habilite el cierre de los litigios aún abiertos con acreedores que no ingresaron a reestructuraciones previas.
La iniciativa, que ya fue revisada por los equipos técnicos, busca otorgar respaldo institucional al entendimiento alcanzado, cuyo contenido se mantiene bajo reserva. En la Casa Rosada consideran que la vía legislativa permitirá reducir eventuales cuestionamientos judiciales y dotar de mayor solidez política al acuerdo.
El conflicto involucra a fondos que mantienen fallos firmes en tribunales internacionales por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas.
Incluso, en presentaciones recientes ante la Justicia de Nueva York, se dejó constancia de que el convenio definitivo quedó sujeto a la aprobación parlamentaria.
Con este movimiento, la administración libertaria apunta a cerrar uno de los capítulos pendientes del default y despejar incertidumbres legales que aún condicionan la relación financiera del país con el exterior.
El avance quedó formalizado en los tribunales de los Estados Unidos. En una presentación fechada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los representantes legales de la Argentina consignaron que el 1° de abril se suscribió un entendimiento definitivo, condicionado a la aprobación del Congreso. En ese mismo escrito, adelantaron que la iniciativa sería girada al Parlamento en días.
El expediente comprende a Bainbridge Fund y al grupo de tenedores liderado por Attestor, dos de los actores con sentencias firmes contra el país por el default declarado hace más de veinte años.
Las demandas se ubicaban en torno a los US$600 millones, aunque fuentes al tanto de las tratativas señalan que la cifra final sería inferior, en la medida en que una porción de las garantías de los bonos Brady ya había sido ejecutada.
Los comentarios están cerrados.