SAN JUAN, Puerto Rico.– El dirigente indígena Brooklyn Rivera, una de las figuras más conocidas de la lucha por los derechos de los pueblos originarios en Nicaragua, murió después de pasar casi tres años bajo custodia del gobierno nicaragüense.
La noticia fue confirmada este domingo por las autoridades del país centroamericano mediante un comunicado oficial. Según la versión difundida por el gobierno, Rivera falleció a causa de una infección bacteriana luego de que su estado de salud se agravara tras haber padecido COVID-19.
Su muerte provocó una inmediata reacción de parte de activistas, organizaciones de derechos humanos y especialistas que siguen la situación política nicaragüense.
Varias de esas voces cuestionaron tanto las condiciones de su detención como la manera en que las autoridades manejaron la información sobre su estado de salud durante los últimos años.
Las críticas también apuntaron a un comunicado difundido por el gobierno el sábado, apenas un día antes de anunciar oficialmente el fallecimiento. En ese mensaje, las autoridades se referían a Rivera como “Hermano” y afirmaban que estaban rezando por su recuperación.
La caracterización fue rechazada por distintos defensores de derechos humanos. Entre ellos estuvo Reed Brody, abogado estadounidense especializado en esa materia e integrante de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua.
“Se lo llevaron con vida y, después de negarse a decirle a su familia, a su abogado, al mundo, cualquier cosa sobre su paradero, entonces lo llaman hermano”, dijo Brody.
“Un cinismo inconcebible por parte del gobierno para hacer parecer que estaban tratando de ayudarlo”, agregó.
La situación de Rivera ya había generado preocupación internacional durante los días previos a su muerte. El viernes, Estados Unidos había solicitado públicamente su liberación después de que el gobierno nicaragüense divulgara fotografías del dirigente internado en un hospital y en estado crítico.
También el Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, organización con sede en Argentina, denunció la muerte del legislador indígena y sostuvo que los responsables de lo ocurrido deberían enfrentar consecuencias judiciales.
“Los responsables de la muerte del legislador indígena deberían rendir cuentas penalmente”, escribió la organización en la red social X.
Rivera era una figura central dentro del pueblo miskito, una comunidad indígena asentada principalmente en la costa noreste de Nicaragua. Durante décadas se convirtió en uno de los principales referentes de la defensa de los territorios ancestrales y de las reivindicaciones políticas de esa población.
La región donde viven los miskitos posee una importancia estratégica para el gobierno nicaragüense. Se trata de un territorio rico en oro, plata y otros recursos naturales, además de ser considerado una zona clave para la llegada de inversiones extranjeras impulsadas por la administración de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La trayectoria política de Rivera estuvo marcada por un prolongado enfrentamiento con el movimiento sandinista. Su activismo en favor de los pueblos indígenas comenzó en la década de 1960 y se profundizó años más tarde, cuando se opuso al gobierno sandinista encabezado por Ortega.
Esa confrontación lo llevó en distintos momentos al exilio. Primero buscó refugio en la vecina Costa Rica. Más adelante regresó a Nicaragua, pero un ataque atribuido a fuerzas sandinistas volvió a obligarlo a abandonar el país. En esa ocasión encontró protección en Colombia.
A finales de la década de 1980 fundó Yatama, la Organización de los Pueblos de la Madre Tierra. Desde esa estructura desempeñó un papel fundamental en las negociaciones que permitieron alcanzar un grado limitado de autonomía para los pueblos indígenas de la costa caribeña nicaragüense.
“Ha estado luchando de una forma u otra por sus derechos”, afirmó Brody.
“Luchó por la tierra, luchó por la autonomía”, agregó el abogado.
La cuestión de la autonomía indígena ocupa un lugar central en la historia de esa región. Los pueblos originarios de la costa caribeña mantuvieron formas de autogobierno hasta su anexión a Nicaragua en 1905.
“Desde entonces, han abogado por el reconocimiento de sus derechos y por el respeto de su identidad”, señaló un grupo de expertos de la ONU en un informe publicado en septiembre de 2024.
La muerte de Rivera cierra una trayectoria de décadas dedicada a la defensa de las comunidades indígenas nicaragüenses y reaviva los cuestionamientos internacionales sobre las circunstancias de su encarcelamiento y fallecimiento.
Agencias ANSA y AP
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