El kirchnerismo y parte de la oposición ya anticipan que van a rechazar el decreto

La oposición salió con todo a cruzar al Gobierno que confirmó este martes la decisión de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. Desde el sector dialoguista calificaron de “error”, “pésima” y “dañina” la estrategia de la Casa Rosada de nombrar por esa vía a los candidatos de Javier Milei al fracasar las gestiones en el Senado para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución.

El kirchnerismo, que calificó de “inconstitucional” la medida, ya anticipó que trabajará para rechazar el decreto presidencial. Lo cierto es que la crisis puede desembocar en un conflicto de poderes porque hay dudas sobre si las designaciones en comisión se mantienen ante un eventual rechazo del Congreso.

La Casa Rosada jugó a fondo al confirmar que esta medianoche publicará en el Boletín Oficial el decreto que nombra a los dos jueces con la intención de conseguir las mayorías para nombrarlos de manera permanente el próximo año. Una proyección que en el Congreso ya ven arriesgada aún si La Libertad Avanza mejora la elección del año pasado que llevó a Milei al poder.

Desde la oposición dialoguista explicaron que si bien es legal la utilización del decreto para designar a los jueces, entienden que en este contexto genera “una falta de legitimidad democrática, tiñe la credibilidad de esos jueces y produce un debilitamiento de la independencia judicial”. En rigor, los legisladores explicaron que tanto Lijo como García – Mansilla quedan pendiente de un decreto o de un rechazo del Senado. Lo que se plantea es “cuál es la certeza y estabilidad jurídica que dan fallos de una Corte que en un año pueden ser removidos”.

La maniobra de la Casa Rosada deja en una situación incomoda a la oposición dialoguista porque el PRO ya había manifestado su rechazo a la nominación del juez federal como así también de un sector del radicalismo.Juan Carlos Romero, quien viene trabajando para el armado del Gobierno, admitió que “no es la forma adecuada de designación” de los jueces y sobre todo por “la seguridad jurídica que necesitan las decisiones de la Corte”. “En el sistema argentino se requiere de un acuerdo entre las fuerzas políticas, cosa que con el kirchnerismo es difícil de lograr”, agregó el senador por Salta.

En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria ratificaron este martes que están “abierto al diálogo” y confirmaron la intención de avanzar en un gran acuerdo que incluya no sólo los cargos de la Corte sino también el procurador general, cargo que actualmente ocupa Eduardo Casal, y el defensor del pueblo, que está vacante desde hace 16 años por la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos.

La controversia generada por la posible designación por decreto de Lijo y García-Mansilla mantiene las tensiones en el Congreso, donde el oficialismo fracasó en avanzar con el nombramiento del juez federal en el Senado, dado que tiene dictamen de la comisión de Acuerdos, al no reunirlos apoyos para convocar a la sesión y mucho menos tenía los dos tercios asegurados para garantizar la aprobación del pliego.

Los senadores del PRO ya anticiparon su rechazo a la nominación de Lijo, pero evitaron pronunciarse sobre García-Mansilla. Ahora sobre la intención de recurrir a un decreto de Milei, dos referentes de lo que fue Cambiemos fijaron posición y coincidieron en que fue “un error” de Mauricio Macri avanzar con los nombramientos de Rosenkrantz y Rosatti por ese mecanismo, aunque ambos jueces fueron designados luego por acuerdo del Senado, como fija la Constitución.

“Todos los que conformamos Cambiemos entendimos que ese nombramiento por decreto fue un error de nuestro gobierno y, por ende, no prosperó. El presidente entendió que no era el mecanismo,hay que cumplir con la Constitución”, advirtió la diputada Silvia Lospennato, quien si bien no interviene en el proceso de designación de los jueces, ya que corresponde al Senado, marcó su posición respecto a un tema que enfrenta a la Casa Rosada con la oposición.

En tanto, Nicolás Massot, quien ese momento presidía el bloque del PRO en la Cámara Baja, apuntó que quienes pertenecieron a la alianza que conformaron el macrismo con la UCR y la Coalición Cívica deben “reflexionar del daño” que generó aquel gobierno al designar a jueces en comisión. “Pensé que valía la pena, no vi que después podía venir un proceso más totalitario que no lo tomara como una coyuntura sino como una decisión y que instaurase una institución de hecho de algo que viola una institución de derecho“, apuntó el actual diputado de Encuentro Federal, el espacio que lidera Miguel Angel Pichetto.

Otro ex Cambiemos, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, también se opuso a la designación de jueces de la Corte por decreto. “Sé que la Constitución tiene un agujero, que el presidente Macri lo intentó y no prosperó, pero frente a esta ambigüedad de la Constitución lo que es seguro es que el Senado tiene la posibilidad de rechazar esos nombramientos en comisión“, dijo el diputado.

Los legisladores opinaron sobre la controversia por la designación de jueces por decreto en un encuentro organizado por el portal de noticias Parlamentario.com junto a SpE Consultores, para analizar la agenda política para este año, en el que participaron también la diputada Karina Banfi (UCR) y el senador Bartolomé Abdalá (La Libertad Avanza).

Lo cierto es que el oficialismo no pudo la semana pasada imponer una sesión para tratar el pliego de Ariel Lijo en el Senado, no sólo por la falta de apoyo de Unión por la Patria, la bancada que conduce José Mayans, sino también por las diferencias que aún se mantiene entre los dialoguistas.

Justamente, en el debate también participó el senador por Formosa y reiteró que en la última reunión de labor parlamentaria ofrecieron conversar sobre las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Es sabido que Cristina Kirchner pidió un lugar para una mujer y en su momento se mencionó a la ex senadora María de los Ángeles Sacnun, cercana a la ex presidenta.

“Estamos dispuestos al diálogo con las fuerzas políticas para ver cómo trabajamos en el máximo estamento del Poder Judicial. Hay dos lugares importantes, hablaban de una Corte de 7 o de 9, el procurador general y el defensor del pueblo”, declaró Mayans, quien advirtió que “si el Gobierno quiere imponer sin ningún tipo de diálogo no puede conseguir el acuerdo”. Frente a esta posible designación por decreto, el peronismo ratificó su decisión de rechazar el decreto en el Congreso.

Por ahora, lo único concreto es que a Milei se le acortan los plazos para designar a los jueces en comisión, ya que a partir del 1ro. de marzo comienza el período ordinario de sesiones y tendrá que buscar el acuerdo en el Senado.

De acuerdo a lo informado por este diario, si Milei apela al decreto, Lijo pediría una licencia en su cargo de juez federal, pero desde la Corte ya la rechazan. En tanto, García-Mansilla se mantiene en silencio y no anticipa qué posición adoptará de avanzar el Gobierno con su jugada para completar los miembros de la Corte tras las bajas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.