denuncian que gastó una cifra millonaria

En medio de una fuerte polémica con el Gobierno, que busca desplazarlo, el sindicalista José Voytenco fue confirmado como secretario general de la Uatre, cargo que viene desempeñando desde 2021. El referente del gremio de los estibadores rurales fue ratificado de manera unánime por 540 congresales nacionales que se reunieron en Chubut durante el 32° Congreso del sindicato.

A Voytenco lo denunció hace dos semanas el Gobierno nacional por el posible desfalco en la obra social de los peones rurales por más de $ 3.350 millones. La presentación se hizo a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante una audiencia en la Cámara Federal de La Plata, en el marco de una investigación en contra suyo.

Desde el sindicato rechazan la denuncia, que se hizo durante la audiencia por un juicio paralelo, y aseguran que Voytenco no se encontraba al frente de la obra social en el momento en el que los denunciantes plantean el supuesto desfalco. “Durante las fechas consignadas, Osprera se encontraba intervenida por lo cual, el actual secretario general de Uatre, José Voytenco, no tenía responsabilidad alguna sobre los manejos que allí se hicieran”, fue el argumento que dieron en su momento.

En ese contexto, al dirigente de 63 años que es parte de la Uatre desde hace tres décadas, fue apoyado por el pleno de los congresistas en Chubut. Voytenco es, en los hechos, el sucesor de Gerónimo Momo Venegas, fallecido en 2017. Ramón Ayala, quien lo reemplazó inicialmente, falleció luego por coronavirus. Así, desde hace cuatro años, es Voytenco quien comanda el sindicato.

En su discurso ante los congresales, Voytenco declaró: “Esta conducción trabaja incansablemente para incluir a cada trabajador dentro del sistema formal, asegurando acceso a derechos, salarios justos y condiciones dignas”. Y resaltó que a lo largo de este año se defendieron los convenios colectivos, con un programa de recomposición salarial y se sumaron nuevas actividades a la representación gremial como es la del cáñamo.

Además, planteó, se trabajó en la modernización del gremio, con el lanzamiento de la credencial digital de UATRE, un nuevo sistema de afiliación digital y la implementación de un Chat Bot para consultas rápidas.

Techos dorados, alfombras persas de tonalidades bordó y grabados arabescos, grandes ventanales desde donde se puede apreciar la ciudad de Puerto Madryn y el mar gélido de la Patagonia donde las ballenas se muestran cada tanto, y una impresionante capacidad para 1150 personas. En ese lujoso escenario del imponente Casino Rayentray Grand Hotel, el líder del gremio de peones rural, Jose Voytenco, desoyó una decisión del Gobierno nacional y realizó un Congreso Anual de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que había sido suspendido horas antes por la Secretaría de Trabajo.

Todo para escenificar el apoyo de sus militantes, en medio de denuncias por presunto desmanejo de fondos millonarios del gremio y su obra social, que es la segunda más grande del país en cantidad de afiliados.

En los hechos, el Congreso de UATRE había sido suspendido de manera preventiva por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. La razón: más de veinte elecciones seccionales fueron impugnadas por presuntas irregularidades y por lo tanto no podía acreditarse la legalidad de la elección de los congresales que asistieron al encuentro.

La decisión de Capital Humano, fechada el miércoles 27 de noviembre y con la firma de Claudio Aquino, presuponía un nuevo golpe para la conducción de Voytenco, en su afán de mostrar aval político a su gestión en el cargo de Secretario General de los peones rurales.

“La Secretaría de Trabajo entendió que todas las denuncias presentadas contra los manejos y gestiones de José Voytenco tienen que parar de ser convalidadas por los congresales seleccionados a su discreción, son actos contrarios a los derechos sindicales”, manifestó Aixa Petrati, secretaria de Actas de la Seccional La Plata y referente del “Movimiento para la Recuperación de la Uatre”, una de las denunciantes del pope sindical. “Por eso, el Poder Ejecutivo manifestó que suspender el congreso es la mejor medida para que Voytenco no siga actuando y disponiendo en la Uatre a su antojo con impunidad”, sostuvo Petrati.

A Voytenco poco le importó la resolución oficial, ya que el Congreso Anual en Puerto Madryn se hizo igual, según videos que publicó el sindicato en sus cuentas en redes sociales. Allí se puede observar cómo el líder sindical, que es cercano al papa Francisco (tiene fotos en el Vaticano con él), movilizó a 200 congresales propios y cientos de personas más que coparon el salón más grande del hotel de lujo en Madryn, en el que las habitaciones más modestas rondan los $ 100.000 la noche.

Hay un armado de seccionales de UATRE que hace meses reclaman la renuncia de Voytenco por irregularidades y sospechas de corrupción. El sindicalista es investigado, además, por la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero. Ese frente opositor sindical protestó la semana en la sede central porteña del gremio ante las distintas causas que se tramitan por el manejo irregular de fondos en la Obra Social (OSPRERA), la cual mantiene intervenida hoy el Gobierno nacional por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Desde el entorno del líder sindical aseguraron a Clarín que la decisión de Trabajo de suspender el congreso se vincula al enfrentamiento que el gobierno de Milei despliega contra él representante de los peones y marcan que los sectores que cuestionan al Secretario General tienen motivaciones políticas. Apuntan que son cercanos al kirchnerismo.

Dicen, además, que las seccionales donde se impugnaron las elecciones internas no representan ni el 5% de los congresales electos, por lo que el acto sindical se realizó “ad referéndum” de lo que terminé decidiendo la Justicia, en última instancia.

El Gobierno de Javier Milei dispuso una auditoría sobre la Obra Social de Peones Rurales meses atrás. En el comienzo de esa investigación, se comprobaron graves irregularidades producto de una situación económica alarmante, como una solicitud a la Superintendencia de $ 3.350 millones no reembolsables como “apoyo financiero”, cuya rendición -hoy bajo escrutinio- se realizó en el último día hábil de la gestión kirchnerista.

La obra social de Voytenco había sido intervenida por un juez de La Pampa, Juan José Baric, durante el último año de la administración de Alberto Fernández. Tras una nueva intervención, esta vez por parte del Gobierno nacional, se descubrió que la administración designada por el juez se había autodesignado sueldos millonarios, equivalentes a 25 veces lo que gana en promedio un peón rural, pese a la crisis financiera de la obra social.

En el directorio, los haberes eran de $ 14 millones para el presidente; $ 12,1 millones para el vice, el tesorero y el secretario de actas; $ 11,4 millones para el veedor judicial; y $ 8,6 millones para el gerente de legales.

La Superintendencia también sacó a la luz un contrato con un estudio de abogados que cobraba al menos $ 60 millones mensuales más el 20% de lo recaudado por identificar a deudores de la obra social. “Es un número difícil de clarificar porque se cobraba con cheques diferidos que muchas veces no se registraban en la AFIP ni en la obra social. Se está investigando”, explicaron en el ente.

OSPRERA fue convertida “en una caja millonaria a partir de negocios de todo tipo, incluido faltantes de medicación a pacientes oncológicos y facturas del propio sindicato a la obra social -mecanismo que ya de por sí es irregular- por un total de $ 1.000 millones al mes”, dijeron. OSPRERA es la segunda obra social más grande del país: tiene 759.495 afiliados, según registros oficiales de la Superintendencia actualizados en julio de este año. Sólo la supera Comercio, con 1.528.060. Y en el tercer lugar aparece la de Construcción, con 539.739.

Sólo por el Subsidio Automático Normativo de Obras Sociales (SANO), el Gobierno le entregó por los primeros cinco meses de este año un total de $ 691.159.687. Esta asignación apunta a garantizar las prestaciones médicas.

Según estimaciones de los denunciantes de Voytenco, el congreso de peones rurales en Madryn habría insumido un presupuesto más que millonario. “Tuvo presupuesto operativo cercano a los mil millones de pesos -cuando un peón gana 600 mil pesos por mes -y el sindicalista Voytenco y la conducción están investigados por corrupción”, dijo Petrati.

La dirigente es la vocera de las seccionales que pidieron la intervención de Trabajo. Entre ellas se encuentran las de Pilar, La Plata, Necochea, Baradero, Río Tala, San Pedro, Zárate, Bandera (Santiago del Estero), Partido de la Costa, General Rojo, Trenque Lauquen, Luján, Tandil, Florencio Varela, Moreno y Ramallo, entre otras.

En el encuentro en el lujoso hotel de Madryn, Voytenco arremetió contra sus detractores y criticó la movilización en la sede de Reconquista 632. “No eran más de 30 gatos locos que están fuera del padrón y no tienen nada que ver con la institución, hoy están pidiendo de rodillas al Ministerio de Trabajo para que de alguna manera u otra puedan volver a la organización”, arengó el sindicalista investigado por la Justicia.

“Ellos quieren volver no para garantizar los derechos de los trabajadores, sino que quieren volver para terminar de chorrearla…”, lanzó según audios que fueron presentados a la Justicia, ante el juez Federico Villena, que lleva la causa de las denuncias contra Voytenco.

En otro audio aportado a la Justicia para denunciar la ilegalidad del Congreso Gremial, que había suspendido Trabajo, se lo escucha decir: “Nosotros tenemos las pelotas necesarias para defender lo que es nuestro (…) tirarles petardos, encadenémonos, metamos bombos y vayamos por la intervención, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, hagamos lo que tengamos que hacer y pongamos las pelotas en la mesa por los intereses de los trabajadores…”, exclamó en tono amenazante.

La presentación que se hizo en la Justicia también fue girada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuya cartera había declarado la suspensión del evento, que de todas formas se hizo.

Las internas de la UATRE se potenciaron tras la muerte de su líder “Momo” Venegas en 2017. Lo sucedió Ramón Ayala, quien falleció por Covid en octubre de 2020, y en ese momento tomó el mando Voytenco, hasta entonces secretario adjunto.

En noviembre de 2022, el gremio se vio sacudido por el asesinato a tiros del chofer de Pablo Ansaloni (actual diputado nacional por La Libertad Avanza), quien era vicepresidente de la obra social y candidato opositor a Voytenco.

El crimen ocurrió en la ciudad bonaerense de Colón. El chofer, llamado Mauricio Cordara (45), manejaba un Volkswagen Vento y llevaba a los hijos de Ansaloni tras retirarlos del colegio. Entonces se le acercó un hombre y lo acribilló a balazos a corta distancia. El asesino se escapó a bordo de otro vehículo, robado. La Justicia detuvo a dos presuntos sicarios, así como a otros acusados de contratarlos y de ser partícipes de la logística del homicidio.

En lo que menos pudo avanzar la investigación es sobre los autores intelectuales. Siempre estuvo presente la hipótesis de que el sicario que atacó se equivocó de persona y el verdadero objetivo era el mismo Ansaloni.

Voytenco, apenas tomó el control del gremio en 2020, definió a la UATRE como “peronista y oficialista”, por entonces en apoyo al presidente Alberto Fernández.

También, es uno de los sindicalistas más cercano al Papa: viajó en junio último al Vaticano para un encuentro con Bergoglio, en el que le entregó un proyecto suyo que tituló Hambre Cero en Argentina. Todo, en medio de la enorme crisis de la obra social de su gremio.