Desvelada por su condena, Cristina embiste para negociar impunidad y siembra dudas sobre el gobierno

La mirada de Cristina Kirchner baila de un tablero al otro hasta volverse estrábica: luego de un teatral intento de mostrar desdén mientras la Cámara Federal de Casación Penal confirmaba su condena por corrupción a seis años de cárcel, lanzó una ofensiva general para incidir en el diseño de la justicia federal que la tiene en sus manos. A la vez, alimenta un disminuido músculo político para poder alcanzar aquel objetivo lo más rápida y rotundamente posible. ¿Cuál es el nombre del plan? El mismo de la última década: conseguir impunidad.

Agotadas las martingalas y argucias procesales para retrasar lo que era inevitable luego de la prolija tarea que el fiscal Diego Luciani y los jueces del Tribunal Oral Federal 2 coronaron con la sentencia del 6 de diciembre de 2022, en la que hallaron culpable a la expresidenta de una multimillonaria defraudación al Estado y le aplicaron la pena máxima que el Código Penal contempla para ese delito de corrupción, la Casación Federal selló hace dos semanas el expediente Vialidad confirmando aquella resolución: ese “doble conforme” convirtió a la sentencia en definitiva -no es lo mismo que firme- y achicó hasta la insignificancia el radio posible de acción de la Corte para modificarla en algo.

Por eso, mientras el abogado Carlos Beraldi trabaja en el recurso extraordinario para llegar hasta el máximo tribunal, Cristina tomó el volante y dedicó estas dos semanas a apurar las negociaciones con el gobierno para intervenir en el diseño inmediato de la Corte y completar las sillas vacantes en la Casación, el tribunal que revisará las sentencias de los otros juicios contra ella que siguen pendientes: Hotesur-Los Sauces, Pacto con Irán, y el megacaso Cuadernos.

En un puñado de días, mientras sus enviados Waldo de Pedro, Juan Manuel Olmos y Juan Martín Mena trasegaban teléfonos y cafés con sus terminales mileístas, la exvice mandó a la senadora por Catamarca Lucía Corpacci a estampar la última firma necesaria para que el pliego del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte quede habilitado para discutirse en el Senado.

Esas firmas en el dictamen de la comisión de Acuerdos -sin el cual no hay votación posible en el recinto- habían sido dosificadas estratégicamente por los integrantes K de la comisión, como el reel de una caña de pesca con la que se busca cansar a la presa hasta vencerla: con un influjo importante -en algunos casos absoluto, en otros relativo- sobre 33 senadores indispensables para aprobar las dos postulaciones enviadas por el gobierno, Cristina busca delinear una Corte que, para usar la figura de Javier Milei, no ponga el último clavo en la sentencia que la podría enviar al arresto domiciliario.

En la gatera aguardan Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos del oficialismo. Pujan por sumarse a los actuales ministros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Excepto que, en un acuerdo mucho más amplio, se amplíe la cantidad de integrantes del máximo tribunal y el peso de esos ministros quede licuado en la multitud. Es un escenario lejano y hoy improbable. Pero no imposible.

Entonces volvemos a la realidad. Luego de mover a su alfil Corpacci, Cristina instruyó a otro de sus voceros, el senador formoseño José Mayans, a decir que su bloque no aceptará la designación de los dos candidatos por decreto, con la que el gobierno viene coqueteando con persistencia y coordinación en los últimos días.

Ese camino, contemplado por la Constitución como emergencia cuando no está funcionando el Congreso, implica un costo político enorme para cualquier gobierno -Mauricio Macri lo pagó en 2016- y también un peligro: el rechazo del peronismo podría traducirse en una votación el año que viene para voltear a Lijo, quien si aceptara asumir en comisión antes debería renunciar a su juzgado en Comodoro Py y quedar expuesto a terminar en la calle si su pliego es votado en contra en algún momento. Ni hablar de las consecuencias jurídicas de esa variante, con un ministro frágil y fugaz cuya firma sería poco más que una escritura sobre el agua.

El caso de García-Mansilla es ligeramente diferente: la vacante que él ocuparía recién quedaría abierta con la jubilación del doctor Juan Carlos Maqueda, luego de su cumpleaños 75 el 29 de diciembre. En ese momento el Congreso no estará funcionando, y las objeciones legales podrían ser menores a las que despierta Lijo, quien ocuparía una butaca libre desde la renuncia de Elena Highton en 2021.

Cristina no confía en que Lijo la beneficie con un voto favorable en sus expedientes, pero guarda la esperanza en que el eventual nuevo ministro mantenga una tradición clave en Comodoro Py: no hacer nada, dormir las causas durante años, hasta que el polvo las sepulte en el olvido y la prescripción. Recordemos que la Corte no tiene plazos para expedirse, y que en su seno los casos giran por las distintas vocalías hasta resolverse en un acuerdo. Si se traban en alguna, el resto del tribunal queda maniatado.

La expresidenta avanzó con una idea que suena tan audaz como cándida: estaría dispuesta a apoyar a Lijo, si el gobierno fulmina a García-Mansilla y lo reemplaza por una mujer elegida por ella. En los hechos, limpios de polvo y paja, implicaría que ella pone a los dos ministros. Un bocado intragable para el gobierno.

El horno caliente de la Corte no es el único en el que se movió Cristina. En el Consejo de la Magistratura, la diputada ultra K Vanesa Siley bosquejó una lista provisoria de méritos para completar la Cámara Federal de Casación Penal, donde se revisan todas las sentencias de los tribunales orales. Es otro de los lugares que desesperan a la presidenta del PJ, ahora desentendida de los juzgados federales de primera instancia, por donde sus causas personales ya pasaron.

En la lista de Siley destacan Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Leonel Gómez Barbella. Dos jueces que la beneficiaron personalmente en el caso del pacto con Irán, y un fiscal de Justicia Legítima que fue incondicional de la avanzada de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó contra los enemigos K. La coincidencia de esta movida con los trapicheos por la Corte reduce a cero cualquier casualidad no intencionada.

Del otro lado del espejo, la posición del gobierno es desconcertante. Este jueves se autoinflingió un golpe mucho más duro de lo que esperaba por su boicot a la aprobación del proyecto de Ficha Limpia, que razonablemente cuestiona su pretendido compromiso con la transparencia y la institucionalidad, y alimenta los ya vigorosos fantasmas de un acuerdo con el kirchnerismo para favorecer a Cristina en su búsqueda de impunidad. ¿Será?